1.7.03

Los fondos de Cavallo


Todavía falta mucho. Ahora Ricardo Miguel (o Miguel Ángel) Cavallo está frente al juez Baltasar Garzón y uno desearía que el magistrado no vaya a tolerar en sus oficinas que torturen al torturador, como lo ha permitido, según dicen las malas lenguas, con algunos acusados de pertenecer a la banda asesina de los etarras. El otrora Sérpico, tan pulcro como siempre y tan disociado como cuando aplicaba personalmente la picana en los cuerpos de sus cautivos, alegó ante el juez español que no sabe nada de nada y su fingida ignorancia evoca la demencia senil alegada por Pinochet y la súbita amnesia de Echeverría. Pero a Cavallo ese recurso no le va a servir de nada. Encarcelado en la prisión de Soto del Real, será juzgado por genocidio y terrorismo --ojalá que Bush se informara del caso y lijara un poco sus vastas nociones de lo que es terrorismo--, y hay la fundada esperanza de que el proceso culmine con una derrota para la impunidad de Estado.

En lo inmediato las cuentas bancarias de Ricardo Miguel (o Miguel Ángel) Cavallo dan para contratar como abogado defensor al catedrático de derecho penal Antonio Ferrer Sama, quien sabrá Dios cuántos euros se embolsa por cada hora de trato amable con su cliente genocida. Tal vez el docto y mercenario jurista no se ha puesto a pensar que las víctimas del ex marino llegaban a las sesiones de electrocución y muerte sin abogado defensor, ni pagado ni de oficio, y allá él con su jurídica conciencia. Pero el dinero está listo porque Cavallo es un hombre rico. Hasta donde se sabe, sigue siendo accionista de Unión Transitoria de Empresas (UTE), Brides, Seal Lock, Martiel S.A. y Talsud, empresas que formó con Jorge Rádice y otros represores y torturadores después de terminada la dictadura argentina.

Los fondos para la constitución y operación de esas y otras empresas provienen, a su vez, según todos los indicios disponibles, de lo que Cavallo y otros represores robaron a sus víctimas en tiempos de la dictadura militar. Mariana Masera Cerutti dijo en entrevista con este diario (31/8/00) que los esbirros del Grupo de Tareas de la Esma no sólo secuestraron y asesinaron a su padre y a su abuelo, sino que se quedaron con los bienes de su familia --desde radios, cuadros y joyas, hasta una finca de 25 hectáreas--, cuyo monto, en ese entonces, ascendía a más de 10 millones de dólares. “No menos de 70 millones de dólares pasaron como botín de guerra a manos de más de 120 hombres de la armada”, señala la información.

Aquellos fueron los capitales iniciales para la operación de compañías de documentación y registro que, desde La Rioja y Mendoza hasta México, pasando por Bolivia y El Salvador, han operado con prácticas fraudulentas. Tras estipular precios ínfimos a fin de amarrar los contratos en licitaciones dudosas, tales empresas inflan las cuotas con la complacencia o complicidad de las autoridades. Así ocurrió con los negocios de expedición de licencias de manejo en Mendoza, entonces gobernada por el menemista Rodolfo Gabrielli, y así sucedió con el Renave en México, entidad cuya supervisión correspondía al entonces secretario de Comercio Herminio Blanco Mendoza.

Es inevitable preguntarse en qué medida Cavallo y sus secuaces aceitaron los trámites de las --de otro modo inexplicables-- concesiones que obtuvieron mediante la distribución de fondos procedentes de la venta de casas, automóviles, televisores, cuadros, radios y joyas de los secuestrados y asesinados. ¿Dejó Cavallo un rastro de regalos costosos en las residencias de ex funcionarios argentinos, bolivianos, salvadoreños y mexicanos? ¿Y por qué se suicidó el subsecretario Raúl Ramos Tercero, enlace entre Cavallo y Blanco Mendoza?

Albricias: Ricardo Miguel (o Miguel Ángel) Cavallo va a ser enjuiciado por genocidio y terrorismo (ojalá que a alguien en la Casa Blanca se le ocurra redactar un resumen del caso para el ignaro presidente Bush), pero la mafia posdictatorial formada por Sérpico y otros sigue operando en América Latina. Se necesita ahora una investigación trasnacional que establezca las rutas, los puntos fuertes, los cómplices y los alcances de esa organización delictiva que empezó con el robo de autos como actividad secundaria (la primaria consistía en secuestrar, torturar y asesinar) y culminó con la operación de registro de vehículos.

¿Y cuántos otros empresarios con orígenes semejantes al del torturador de la Esma permanecen entre nosotros? ¿Cuántos zopilotes del franquismo y del pinochetismo se pasean por las pulcras oficinas comerciales de la modernidad tecnocrática ofreciendo servicios con tecnología de punta, prometiendo estándares de calidad total y presumiendo certificados ISO 9002?

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